La gira internacional de la Selección de Euzkadi durante la Guerra Civil española: el contexto político (I)

La proclamación de la II República

El suicidio de la monarquía de Alfonso XIII comenzó a gestarse ante la negativa del dictador Miguel Primo de Rivera a devolver el gobierno estatal al régimen parlamentario. El monarca fue incapaz de forzarle y de convencerle de que abandonara el poder. De esta forma, la sociedad española identificó y vinculó totalmente la pervivencia de la dictadura con la permanencia de la monarquía en España. Hubo un periodo de conspiraciones y de pronunciamientos militares para provocar la caída de Primo de Rivera. Ante las continuas presiones, el dictador dimitió el 28 de enero de 1930.

Alfonso XIII encargó formar gobierno al general Dámaso Berenguer. El militar ocupó el Parlamento junto a una serie de aristócratas de confianza del rey y de viejos políticos afines al antiguo sistema caciquil. Los intentos de retorno al sistema político del periodo de la Restauración no funcionaron, porque la dictadura había destruido a los dos partidos en los que se había basado el régimen estatal. Permanecían inalterables los viejos caciques y sus redes clientelares. Sin embargo, estos factores fueron totalmente insuficientes para mantener el orden y la normalidad constitucional.

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Fuente: ABC

Por otra parte, la repatriación de capitales tras la derrota colonial generó un gran crecimiento industrial. Las ciudades experimentaron una notable actividad financiera y una mayor diversificación industrial. Las personas se trasladaron de los pueblos a las urbes, y se produjo un incremento de la población total del país. España pasó a tener casi 24 millones de habitantes en la década de 1930, gracias al incremento de la natalidad. La irrupción de la industria y el crecimiento de la población obligaron al gobierno a crear diversos planes urbanísticos, con los que controlar el aumento caótico de personas en las ciudades. Las administraciones estatales alojaron a la burguesía en los barrios céntricos más acomodados y enviaron a los obreros a las áreas periféricas de las urbes.

Esa explosión urbana generó una semilla republicana, anarquista y socialista. Estas ideologías se opusieron a la oligarquía rural, a la aristocracia, a los grandes patronos urbanos y a la Iglesia católica. Estos sectores estamentales privilegiados excluyeron de la actividad política a los proletarios urbanos, a los artesanos y a los pequeños industriales y comerciantes del país, es decir, a las clases burguesas. Por lo tanto, estos profesionales también se convirtieron en republicanos.

La caída de la dictadura provocó un rápido e inesperado proceso de politización y un auge del republicanismo. El republicanismo había sido una ideología débil, ya que no había sido capaz de romper los controles del caciquismo y había resultado ser una doctrina totalmente ineficaz a la hora de convertirse en una fuerte alternativa política. Los individuos que defendían este postulado pasaron en pocos meses de estar fragmentados en pequeños grupos a fundar un movimiento, en donde se integraron varios partidos de diversa índole ideológica, y se aglutinaron individuos conservadores, católicos, anticlericales y nacionalistas. Estas facciones políticas tan variadas y opuestas formaron una coalición republicana en el Pacto de San Sebastián.

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Fuente: Eldiario.es

Los partidos que firmaron este acuerdo fundaron un comité revolucionario para que preparase una insurrección en contra de la monarquía y en favor de la República. La coalición republicana consiguió que los socialistas, los catedráticos y los intelectuales se unieran a su causa, ya que no toleraban que el gobierno tratase de volver a la normalidad oligárquica y caciquil de la Restauración, después de permanecer siete años bajo el yugo de una dictadura.

Algunos miembros del comité revolucionario pretendían abandonar la legalidad monárquica y proclamar una República, mientras que otros integrantes querían postular la convocatoria de unas Cortes sin rey, y que los diputados fueran los que decidieran el régimen que se establecería en España. Los republicanos más progresistas y radicales y los socialistas decidieron saltarse la legalidad constitucional, y pusieron en marcha la vía insurreccional, mediante el empleo de una sublevación militar, que estaba organizada por parte del comité revolucionario, y que era apoyada en las calles por una huelga general, que fue promovida por las organizaciones obreras. Estos actos fracasaron estrepitosamente.

El gobierno de Berenguer no funcionaba.  El militar propuso convocar unas elecciones lo más pronto posible, pues estaba convencido de que los avances republicanos en las ciudades quedarían contrarrestados por el peso conservador y por la manipulación del voto en el mundo rural. Antes de poder celebrar  los comicios, Berenguer se quedó sin apoyos. Incluso fue denostado por los miembros de su gobierno que eran afines a la monarquía. Por lo que el militar dimitió el 13 de febrero de 1931.

Los republicanos y los socialistas no querían volver a regirse por la Constitución de 1876, y reclamaron la convocatoria de unas elecciones a Cortes constituyentes. Tras la dimisión de Berenguer, Juan Bautista Aznar fue nombrado Presidente del gobierno. El militar eligió a unos ministros partidarios de continuar con la monarquía. Aznar decretó que el 12 de abril de 1931 se celebrarían las nuevas elecciones.

La convocatoria cogió a los partidos de la derecha conservadora y liberal desorganizados, y las facciones de la extrema derecha no tuvieron tiempo de rearmarse y de movilizar a las fuerzas contrarrevolucionarias. Por su parte, la coalición republicana concentró sus esfuerzos en convertir los comicios en un plebiscito entre monarquía y república.

Los políticos monárquicos pensaban que les resultaría bastante asequible ganar las elecciones, pues estaban convencidos de que el ejercicio  y el control de la maquinaria electoral, a partir del caciquismo y de la manipulación, provocaría una victoria relativamente sencilla de los partidos afines al monarca. De esta forma, mostraron una gran consternación y sorpresa al conocer que las facciones republicanas habían vencido en la mayoría de las capitales de provincia. Algunos políticos propusieron recurrir a las armas para evitar la caída de la monarquía, pero la mayoría de los ministros reconocieron la derrota electoral.

Aznar dimitió el día siguiente, y la mayor parte de los municipios españoles proclamaron el inicio de la II República. Alfonso XIII aceptó el resultado de las urnas y abandonó el país, y marchó rumbo a Francia. Este régimen permaneció vigente hasta que una sublevación militar y una Guerra Civil acabasen con él.

La sublevación de los militares y el comienzo de la Guerra Civil

 La coalición del Frente Popular ganó las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936. En ese momento, la derecha republicana, derrotada en las urnas, sólo pensaba en una solución de fuerza en contra del gobierno legítimo republicano. Un sector importante del ejército español también conspiró en contra de los poderes fácticos del estado, y no paró hasta derribarlos. Las elecciones fueron libres y democráticas. El 72% de la población participó activamente en los comicios. Fueron unas votaciones limpias, ya que las instituciones democráticas establecidas en el país evitaron cualquier tipo de caciquismo y de clientelismo.

Tras el triunfo del Frente Popular, los partidos pertenecientes a la derecha contraria a la República recordaron los horrores de la Revolución de Asturias, e insistieron en que se tenía que librar una batalla entre la España católica y la revolución bárbara y atroz. Los ciudadanos monárquicos y fascistas apelaban a la lucha armada y pretendían instaurar un nuevo régimen dictatorial en España.

Sin embargo, la victoria de la coalición de izquierdas fue recibida con alegría en las principales ciudades españolas. Los presos sociales y políticos se amotinaron en las cárceles y solicitaron su amnistía y su libertad. Se produjeron muchas huelgas y manifestaciones en las calles, que pedían la readmisión de los trabajadores despedidos tras la Revolución de Asturias. El Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, encargó a Manuel Azaña que formara gobierno. El presidente del ejecutivo convocó una Diputación Permanente de las Cortes, que aprobó la concesión de una amnistía general a todos los individuos encarcelados por haber cometido delitos políticos y sociales.

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Fuente: El País

Las organizaciones sindicales comenzaron a movilizarse y reivindicaban un aumento de los salarios y la reducción de la jornada laboral. De esta forma, los conflictos sociales se intensificaron en el ámbito rural. Los sindicatos agrarios plantearon el derecho a la tierra para los jornaleros como una cuestión de justicia. Pretendían alcanzar los plenos derechos de las fincas que cultivaban. Los agricultores iniciaron una ofensiva, que se convirtió rápidamente en un conflicto abierto. Se produjo una masiva ocupación de tierras, en donde unos 110.000 trabajadores agrarios invadieron más de 550.000 hectáreas. Los patronos, que concentraban la mayor parte de la propiedad agrícola española, pensaron que el gobierno no quería controlar la situación, porque no ejercía una fuerte represión sobre los jornaleros.

Los individuos pertenecientes a Falange clandestina realizaron una serie de acciones violentas. Sus afiliados fueron armados y se entrenaban en campos de tiro. Los falangistas libraron en las calles una lucha indiscriminada en contra de las organizaciones de la izquierda obrera. Por su parte, también se produjo una escisión en el socialismo, en donde existieron dos direcciones autónomas y opuestas. El PSOE estaba en manos del centrista Indalecio Prieto y la UGT estaba en poder del izquierdista Francisco Largo Caballero. El líder sindicalista quería que se iniciase una revolución como respuesta a un posible golpe de estado de los partidos de la derecha o del ejército. Caballero fue apoyado por las Juventudes Socialistas, que no dudaron en crear una serie de milicias paramilitares con los que enfrentarse a los grupos falangistas.

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Fuente: El Periódico de Catalunya

Los partidarios de la CEDA se acercaron hacia las posiciones más autoritarias. Sus seguidores captaron el mensaje tras su derrota electoral, y decidieron que había que abandonar las urnas y tomar las armas. Los partidos católicos incitaron a la rebelión ante el desorden del gobierno, al cual, identificaban como un enemigo de Dios y de la Iglesia. Los políticos republicanos impulsaron una serie de medidas laicas como la prohibición de las procesiones, la sustitución de la enseñanza confesional, el cierre de los colegios religiosos y el fortalecimiento de la enseñanza pública a costa de la religiosa.

Todos los sectores monárquicos y conservadores apoyaron la sublevación del ejército. El gobierno republicano realizó una serie de traslados, que afectaron a los altos mandos de los que se sospechaba su participación en una supuesta trama conspirativa y que habían declarado la necesidad de una intervención militar. Estos militares fueron sustituidos por republicanos fieles a la legalidad establecida. Esta política de traslados no sirvió para frenar la conspiración y el golpe. Además, la mayor parte de estos individuos se sintieron agraviados y desplazados por el gobierno.

Algunos de los militares que confabularon en contra de la República fueron combatientes que poseían una marcada ideología de extrema derecha y pertenecían a la Unión Militar Española. Ésta era una organización semisecreta y antiizquierdista. Los sublevados, con los generales José Sanjurjo y Emilio Mola a la cabeza, hasta su muerte en sendos accidentes aéreos durante el conflicto, acordaron efectuar un alzamiento militar que restableciera el orden en el interior y que recuperara el prestigio internacional de España. El posterior asesinato de José Calvo Sotelo convenció definitivamente a los golpistas de la necesidad urgente de intervenir, por lo que muchos militares indecisos se incorporaron al alzamiento. El general Francisco Franco aseveró al enterarse del crimen cometido por las fuerzas de la policía de la República que “la patria ya contaba con otro mártir, por lo que no se podía esperar más”. El 17 de julio, se sublevaron en Marruecos las guarniciones de Melilla, Tetuán y Ceuta. El día siguiente, Franco firmó una declaración de estado de guerra y se pronunció en contra del gobierno republicano. El 19 de julio, el general llegó a Tetuán, mientras otras guarniciones militares de la Península se sumaban al golpe.

En definitiva, la Guerra Civil española de 1936 empezó porque una sublevación militar debilitó la capacidad estatal y gubernamental de mantener el orden. Los militares golpistas rompieron el juramento de lealtad a la República y se alzaron con la intención de derrocar el régimen legítimo establecido. La división del ejército y de las fuerzas de seguridad impidió un rápido triunfo de la rebelión. El golpe dio paso a una violencia abierta entre dos bandos opuestos y enfrentados. En ese momento, y no en octubre de 1934, comenzó la Guerra Civil.

Segunda parte.

Realizado por Eduardo Acín (Periodista)

Bibliografía:

Casanova Ruiz, JuliánHistoria de España: República y Guerra Civil. Barcelona: Crítica & Marcial Pons, 2007.

Casanova Ruiz, Julián. La Guerra Civil española. Madrid: Pablo Iglesias, 2008.

Curletto, Mario Alessandro. Fútbol y poder en la URSS de Stalin. Madrid: Altamarea Ediciones C.B, 2018.

 

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