La Oligarquía y el caciquismo durante el reinado de Isabel II

Introducción

La etapa isabelina nunca se había caracterizado como oligárquica y caciquil, acuñando la Restauración esos denominadores comunes. Los años isabelinos siempre se habían distinguido por ser un periodo militarista, debido a la gran cantidad de pronunciamientos militares acaecidos. El primer levantamiento que llevó a un militar al poder fue en 1840, con Espartero, que provocó la salida de la regencia de María Cristina para entrar él en el gobierno como regente.

La causa principal que dio lugar al militarismo fue la macrocefalia del ejército, en donde había un amplio número de mandos en comparación con los soldados, por lo que el pronunciamiento militar era el único ascenso posible.

En cambio, tras el levantamiento de Martínez Campos y con la llegada de la Restauración, se entendía que la hora del militarismo había concluido para dar paso a un turnismo oligárquico y caciquil, que diera estabilidad a España y que terminase con los pronunciamientos a través de un gobierno pactado a partir de las clases poderosas y las manipulaciones electorales. El cambio político entre un periodo y otro no podía ser tan abismal, por lo que he decidido investigar si lo ocurrido en la Restauración, era una prosecución de lo ya vivido en la etapa isabelina.

La oligarquía como esencia del periodo isabelino

La oligarquía y el caciquismo en España no surgieron durante el periodo de la Restauración. No se entiende la praxis política restauracionista, sin asimilar las experiencias acumuladas de las clases oligárquicas locales, que ostentaban la mayoría de la propiedad, durante los años de reinado de Isabel II (1834 – 1868). Asimismo, la legislación electoral y la estructura social y económica en la Restauración tenían un aspecto similar al acontecido en la etapa isabelina. Por lo que es fácil determinar unos comportamientos parecidos a lo largo de ambos periodos.

La etapa isabelina fue oligárquica por ley, por culpa de dos variantes significativas: los requisitos demandados para que un ciudadano fuera elector y elegible y la fijación de los marcos territoriales de cara a la asignación de diputados. Los derechos electorales estaban destinados a las clases propietarias. Los moderados y los progresistas tuvieron la misma intención de ajustar un listón que determinase quién tenía el interés, la cultura y la independencia, siempre fijada en base a la riqueza, para realizar un voto responsable y consciente. En lo único en que no coincidían ambas tendencias, era en la propiedad necesaria para poder tener un derecho político electoral.

HE15C5F1_18280
Fuente: periódico La Voz de Galicia

Esa idea venía dada por la mentalidad del liberalismo. En esta época sólo tenían derecho a voto los varones que habían alcanzado la mayoría de edad política, ya que en caso de no poseerla, no se presuponía que tuvieran un mínimo de cultura para poder votar. Tampoco podían votar los extranjeros porque se entendía, que no tenían ningún tipo de interés en la prosperidad de la nación, al carecer de propiedades en la misma. Asimismo, los indigentes y los jornaleros tenían prohibido votar porque no poseían más cultura que los menores de edad, ni más interés por el bien nacional que los extranjeros, al no tener tampoco propiedades y gastar la mayoría de su tiempo pidiendo limosna o buscando trabajo en el campo. Se presuponía que no tenían suficiente tiempo libre para culturizarse o para sentir un mínimo de arraigo por el bienestar del país. Es curioso reseñar que los jornaleros no poseían la capacidad para saber cuáles eran los intereses para España, ni tenían la suficiente cultura como para poder ser electores, pero sí ostentaban el mínimo exigible de patriotismo para realizar los más heroicos sacrificios por el país y ser alistados para la guerra. Creían que sólo la propiedad hacía a los hombres capacitados para el ejercicio de los derechos políticos. Ese tiempo libre les hacía tener cultura, ya que les permitía dedicarse íntegramente a culturizarse. Por otra parte, la propia propiedad, les exigía mantener un nivel económico estable, por lo que poseían ante todo, un gran interés hacia España.

En definitiva, de las seis leyes electorales del periodo isabelino, casi todos los sistemas de votación fueron por sufragio censitario. Este tipo de sufragio determinaba restricciones económicas de patrimonio en cuanto al derecho a votar. Por lo que se puede deducir que el sistema de elección bebía directamente del Antiguo Régimen.

En cuanto a la fijación de los marcos territoriales para designar los escaños para los diputados, sí que hubo divergencias entre las preferencias de los progresistas y los moderados. Los primeros defendieron las provincias como circunscripción electoral y los segundos querían los distritos uninominales como modelo. Este asunto no fue baladí, porque conocían de donde provenían sus bases sociales y pensaban que un sistema les favorecería o les perjudicaría a la hora de obtener el triunfo en las elecciones.

Los moderados pretendían imponer un distrito uninominal porque tenían una mayor presencia en el mundo rural y podían beneficiarse del gran peso que ostentaban los grandes propietarios en esos micromundos, al dividir la provincia en pequeños distritos. Por su parte, los progresistas entendían que tenían un mayor poder en las provincias que en el mundo rural.

La oligarquía plasmada en el sistema electoral

Las normas electorales influyeron a la hora de constituir un sistema oligárquico durante el reinado de Isabel II. La primera normativa fue el Estatuto Real de 1834. Se definió como una carta otorgada concedida del poder real. Era una mirada clara al pasado, porque mantuvo las Cortes estamentales del Antiguo Régimen junto a las modernas del liberalismo. La propia ley reiteraba que los ciudadanos que no poseyeran ningún bien, no podían ejercer derechos políticos, ya que sólo tenían permitido influir en los asuntos trascendentales del Estado las personas que tenían depositados grandes intereses en el patrimonio común de la sociedad. El Estatuto Real dividió el poder en dos Cámaras. La alta era la de los próceres. Representaba los intereses morales de la sociedad, que era todo lo relacionado con el pasado anterior.

La Cámara estaba configurada por la gran nobleza española, la Iglesia y las altas magistraturas de la nación y del Ejército. Eran miembros por derecho propio, al ostentar títulos nobiliarios de Grandes de España. También estaba integrada por representantes designados por la regente María Cristina a dedo.

La baja se denominaba el estamento de procuradores. Representaba los intereses materiales de la sociedad. Estaban integrados en esta Cámara los ciudadanos que tenían grandes propiedades económicas. Eran de origen burgués, nobiliario y eclesiástico. Era electiva, pero contenía unos requisitos muy especiales para ser candidato. Se debía contar con más de 30 años y 12.000 reales de renta. El procurador debía tener arraigo en la provincia, por lo que al menos la mitad de la renta exigida, tenía que provenir de la provincia en la que se presentaba.

Isabel_II-1024x683
Fuente: Revista de Historia

Los electores que podían elegir a los representantes eran los miembros de los ayuntamientos de los pueblos cabeza de partido, más un número idéntico de los mayores contribuyentes de dichos pueblos, que eran a su vez, los que poseían un mayor número de propiedades. Al ser un marco territorial provincial, cada provincia se dividía en partidos judiciales, que eran los pueblos más grandes, como eran en Aragón Daroca o La Almunia. Esto daba un sentido de ámbito comarcal al sistema electoral, con la finalidad de una mayor comodidad política y una mejor organización administrativa, ya que de este modo, no tenía que desplazarse el Gobernador de la capital y existía una autonomía del partido judicial, que evitaba una incómoda burocracia a la capital de esa provincia. Este sistema era injusto incluso entre los grandes propietarios, ya que según la riqueza de los partidos judiciales, algunas personas con grandes propiedades no votaban, siendo más ricas que otros ciudadanos de los partidos judiciales que sí votaban. Sin contar el no voto de las grandes fortunas que no tenían sus propiedades en los partidos judiciales.

Para ser elector se debía contar con más de 25 años y poseer 6.000 reales de renta. Eran unas 16.000 personas en toda España, o el 0,15% de la población. El sistema de elección era indirecto en segundo grado, por lo que estos elegían a los electores de partido judicial, dos por partido, que seleccionaban a los diputados finales. Los electores de partido, 950 individuos o un 0,003% de la población, también eran grandes propietarios y debían contar con 6.000 reales de renta. Para elegir a los diputados del estamento de procuradores, los electores de partido se reunían en la capital de provincia en una comisión gobernada por el jefe de partido.

En ese instante, el estado usaba todo su poder “desde arriba” para persuadir a una veintena de electores por provincia que no se conocían de nada y que se dejaban manipular para seleccionar a los procuradores provinciales que quería el gobierno, elegidos uno a uno por mayoría simple.

Con esta normativa electoral, el Parlamento quedó en propiedad de los Grandes de España y de los mayores propietarios que representaban a una sola clase política, lo que dio lugar a una oligarquía entre iguales. O no tan iguales, porque dentro de los grandes patrimonios también había estamentos. Se tome como ejemplo lo que ocurrió en Soria, donde se tuvieron que efectuar hasta seis elecciones para elegir a un procurador, debido a que los cinco elegidos anteriormente, todos nobles, renunciaron al cargo de diputado porque era gratuito y era de obligado cumplimiento residir en la capital, lo que se convertía en un quebradero de cabeza, porque significaba delegar los negocios propios en personas de confianza. Además España estaba sumida en la guerra carlista. Los ricos no querían aparecer como candidatos al estamento de procuradores por miedo a mostrar simpatías con el sistema liberal ante los carlistas. El conflicto no estaba en este tiempo decantado hacia ningún bando y temían una expropiación en caso de vencimiento carlista. Los cinco nobles adujeron enfermedades para dimitir y el gobierno les aceptó la renuncia. El estado no admitió la dimisión de la sexta persona nombrada, ya que era un simple burgués menos poderoso que los cinco anteriores, eso sí, con una renta de 12.000 reales.

El sistema oligárquico continuó con la promulgación del Real Decreto del 24 de mayo de 1836. Proponía un sufragio censitario, pero esta vez directo en primer grado. En este caso, se estipuló que los que fueran a ser diputados en las próximas Cortes estuvieran elegidos de un modo popular, para representar las necesidades, y que también tuvieran interés por el bien de la nación. Por eso, el sistema de elección se determinó con la votación de los mayores contribuyentes de cada provincia, unos 200 electores por cada diputado a elegir. La normativa volvía a ser injusta, debido a que había grandes propietarios que se quedaban sin votar por no llegar al filtro de riqueza de su provincia, pero que en caso de residir en otra, sí que votarían por ostentar un mayor patrimonio que la de otras. Por ejemplo, en unas provincias con 500 reales ya eras elector, pero en otras con 1.000 no lo eras, por las desigualdades de riqueza entre distintas provincias. El aumento a 200 electores por cada diputado en cada provincia propició un incremento del cuerpo electoral a más de 65.000 ciudadanos, un 0,5% del total de la población.

Asimismo, hubo otros 15.000 electores, al presuponerles unas capacidades intelectuales suficientes para poder votar, siempre que ofrecieran una garantía económica para denominarles con suficiente capacidad. Ocupaban  profesiones liberales como abogados, médicos o licenciados.

En octubre de 1836 se produjo una nueva modificación en el sistema electoral. Se trataba de la vuelta a la legislación de 1812, con un sufragio universal masculino y un sistema indirecto en cuarto grado. En esta normativa electoral, participaron todos los ciudadanos mayores de 25 años censados en las parroquias, que eran el 25% de la población. Ésta elegía a los compromisarios de cada parroquia. Eran 11 compromisarios por cada 200 vecinos. En total, los electores eran unos 200.000 compromisarios, es decir, el 1,6% de la población. Éstos seleccionaban a los electores de parroquia, que eran uno cada 200 vecinos. En total había 16.000 electores parroquiales, un 0,13% de los ciudadanos. Por último, los electores de parroquia escogían a los electores de partido judicial, tres por cada diputado que hubiera que elegir. En total, había 723 electores de partido, o lo que es lo mismo, un 0,003% de la población. En definitiva, había 241 diputados en general, uno por cada 50.000 habitantes.

El sistema más indulgente fue el de 1837. Se creó una nueva Ley electoral, volviendo al sufragio censitario y al sistema directo de elección. Se constituyó una norma que consistía ante todo en la caza del propietario con el fin de que votase. Trataban de encontrar al mayor número de contribuyentes para que fueran partícipes de las elecciones para legitimar el liberalismo ante la posibilidad del triunfo carlista en la Guerra Civil. Por este motivo se rebajó sustancialmente los requisitos para poder votar a los contribuyentes que pagaran 200 reales anuales de contribución directa, los propietarios que recibieran una renta anual de 1.500 reales, los labradores que poseyeran una yunta para el cultivo de tierra propia y dos si era ajena y los arrendatarios que pagaran una renta anual de 3.000 reales. Los propietarios no querían registrarse como electores y no pretendían que se supiera que tenían propiedades por miedo al carlismo, porque si se convertían en electores, de alguna manera, apoyaban el liberalismo.

En caso de que las partidas guerrilleras ocupasen la provincia, acudirían al registro e irían a por sus pertenencias como botín. Por eso, era curioso que los propios candidatos destapaban y descubrían a los propietarios para inscribirlos en el censo y convertirlos en votantes. Al final, entre un 2,2% y un 5,2% de la población pudo ejercer el derecho a voto.

La quinta modificación de la Ley electoral fue en 1846 y volvió a dar poder a los grandes propietarios. El sistema, ya sin los inconvenientes de la guerra, fue mucho más restrictivo que el anterior. Fue un sufragio censitario directo, pero con un marco territorial dividido en distritos uninominales. La exigencia para ser elector era el pago anual de una contribución de 400 reales y la capacidad, pero con la obligatoriedad de abonar 200 reales a las arcas del estado como contribuyente. Con estas exigencias, se redujo el censo electoral al 0,8% de la población.

El último sistema electoral fue promulgado en 1865. En él volvió el marco territorial provincial y siguió siendo un sufragio censitario directo. Se volvió a aumentar el porcentaje de electores como un guiño del gobierno moderado hacia los progresistas, debido al gran abstencionismo y despego de estos ante el sistema. Los moderados trataron de integrar a los progresistas en el gobierno, para tenerlos contentos y por miedo a que realizaran una conspiración. Dada la tensión acumulada, los moderados cedieron e hicieron cambios ante el riesgo de un levantamiento progresista. La normativa amplió el censo electoral tras reducir la contribución a los 200 reales. También  se rebajaron las exigencias a las capacidades y se volvía a un marco territorial provincial. El número de electores pasó a más de 400.000 personas, lo que fue un 2,7% de la población.

El caciquismo desde arriba durante el periodo isabelino: las relaciones entre dominador y dominado

El caciquismo sobre todo se identificaba en el aspecto político. El gobierno que convocaba las elecciones, salvo en una excepción, era el que las ganaba. Las coacciones y las presiones hacia los electores se intensificaban cuando la elección estaba reñida. En ese momento, sacaba el gobierno todos los mecanismos de poder para hacer vencedor a quien quisiera, mediante la compra de votos, o regalando vino a los electores, que incluso traían el papel manchado. En otros casos, usaban la manipulación como eliminar el nombre de los candidatos mal escritos o ilegibles u ocupar antes de las elecciones todas las mesas electorales. Las maniobras indecorosas también se producían por culpa del propio sistema electoral, en donde los electores del partido judicial, que no se conocían de nada, eran influenciados por el Gobernador civil de la provincia para escoger a los diputados que este quería. Existían pactos antes de las votaciones a diputado, ya que como sucedió en las votaciones de 1834, al principio salió por mayoría Pío Laborda con 14 votos, y en las siguientes votaciones, salió Joaquín Ortiz con 20 votos, siendo que en la primera sólo había logrado uno. Por lo tanto hubo un mecanismo de manipulación clarísimo. El Gobernador civil presidía la Diputación provincial, y era el encargado de entrar en contacto con las oligarquías locales para consensuar los pactos.

caciques5-e1460572518572
Fuente: Albedo Media

El Gobernador también designaba las mesas que dirigían las elecciones. Se aprovechaban de que el elector fuese un iletrado, para pedirle que otro le rellenase la papeleta y pusiera el nombre que quisiera ante la incapacidad cultural del elector. La monarquía también tenía un gran poder. El Real Decreto de julio de 1835, establecía que los alcaldes fueran elegidos por la Corona, y podían ser suspendidos por esta autoridad por cualquier causa. Esto dio lugar a que durante las elecciones fueran incapacitados, si convergían con el candidato no deseado. El caciquismo cobró una amplia dimensión durante la etapa isabelina, en la que no sólo se reducía al ámbito político. El caciquismo también existía en cuanto a la relación de la propiedad y a la realidad económica y social de la época. Tras la implantación del liberalismo económico, en los micromundos rurales se vivía con inquietud, porque el capitalismo obligaba a un mercado de producción. No imperaba ya la agricultura autárquica del autoconsumo. El agricultor se tuvo que adaptar y sobrevivir en este nuevo contexto. El desarrollo del liberalismo hacia el mercado de producción surgió por la desamortización, que concentró la propiedad en pocas manos y esto acentuó las diferencias sociales. Los propietarios consolidaron su posición tras la desamortización y ocuparon los poderes locales. Esa nueva condición logró establecer una relación económica y social con el campesino, a través de arrendamientos, del trabajo laboral como jornaleros o mediante acuerdos de préstamos.

Los progresivos endurecimientos de los contratos de arrendamiento y el incremento de los intereses de los préstamos fueron un quebranto para los campesinos. En ese contexto, el campesino fue consciente de que su supervivencia pasaba porque aceptase el nuevo sistema liberal, ya que le podía beneficiar. En definitiva, la articulación del poder local tenía un sentido socioeconómico y la comunidad rural fue consciente de que su subsistencia dependía de la representación de una autoridad local como diputado, por lo que puede decirse que aprovecharon la representación parlamentaria para lograr privilegios como posponer el abono de un préstamo.

Por último llegó un método de presión novedoso. La prensa se convirtió en un medio de coacción electoral con la llegada del Boletín y los primeros  periódicos provinciales, como el Diario de Zaragoza. Aparecieron por primera vez individuos desvinculados directamente con el poder, que intervinieron en las luchas y en la manipulación política, usando a la prensa como un portavoz.

El caciquismo desde abajo: juego de los electores a la hora de escoger a los diputados

Como ha quedado claro tras el análisis de las normativas electorales durante el periodo isabelino, salvo por la Guerra Civil en donde los candidatos fueron a la caza de cualquier propietario para legitimar el liberalismo, el Gobierno quedó en propiedad de los máximos contribuyentes. Pero no hay que quedarse sólo allí, hay que entender que el cuerpo electoral estaba reducido a 400 pequeños espacios y micromundos diversos.

Los electores se aprovecharon de los mecanismos del sistema y acordaron relaciones de poder entre los propios electores y los candidatos o entre los candidatos entre sí para beneficiarse mutuamente, quedando instaurada una serie de conveniencias entre las oligarquías locales y el aparato estatal.  Esto significó que las elecciones no se realizaban en clave política partidista, sino en claves de poder.

Esto quedó patente en la etapa del reinado de Isabel II porque en las propuestas de los candidatos rara vez se encontraban mensajes de contenido político, de militancia o ideología partidista. Sólo cuando el candidato ya estaba afianzado en el poder era cuando resaltaba la influencia que tenía para conseguir los objetivos que pretendía el distrito.

Eran unas aspiraciones colectivas e individuales. Las colectivas estaban encaminadas a la obtención de obras públicas, como la llegada del ferrocarril, o la no desamortización de las tierras. En cambio, las individuales iban desde la exención militar, hasta posponer el abono de la contribución o un crédito.

Los electores se aprovecharon de las herramientas que concedía el sistema electoral isabelino, veían al estado como a una divinidad que podía premiar y castigar según eligieran o no al candidato idóneo. Para que el candidato de ese distrito fuera el correcto, debía cumplir los tres requisitos del poder, del saber y del querer.

El poder, porque la ley reservaba los escaños a los poderosos económicamente, al conceder, por culpa del sufragio censitario de la propiedad, los derechos necesarios para ser electores y elegibles. El saber, porque los candidatos tenían que tener los conocimientos necesarios para defender los intereses colectivos e individuales del distrito. Y el querer, porque los candidatos debían querer preocuparse por satisfacer las demandas del distrito por el que había sido elegido.

05db4fa4c02a45f0af1a1a039dc8b2eb
Fuente: Pinterest

En consonancia con esta idea, se encuentra la falsa creencia de catalogar a un distrito como dócil, según las veces que el candidato elegido coincidía en la significación política con el partido que estaba en el poder, y que convocaba esas elecciones. Y llamar poco dóciles a los que siempre seleccionaban a la misma persona como candidato sin importar el partido que estaba en el gobierno. Esta visión es muy reduccionista porque deja entrever que el electorado era indocto, estaba desmovilizado y no permitió que intelectuales con verdadera intención de regenerar el país llegaran al poder. Argumentar esto, significa no haber entendido las estructuras demográficas y las relaciones socioeconómicas de la época.

Existía una realidad micro-estructural englobada en villas rurales, agrarias, y donde los ciudadanos se dedicaban al sector primario en una economía autárquica. Eran personas que en el plano político, sus miras quedaban circunscritas a su familia y a su pequeño entorno. Por lo que preferían como he anunciado anteriormente, una mejora para su distrito y una mejora individual.

Eran personas a las que las ideologías y los sistemas electorales no les importaban y usaban las herramientas políticas en su propio beneficio. Nada importaba a los electores que el diputado que elegían pasará sin dejar de representar al distrito por las ideologías de demócrata o moderada. Les importaba que su candidato les hiciese realidad todos sus deseos colectivos o individuales prometidos, como el ferrocarril para el pueblo, o la rebaja de contribución a electores específicos.

La conveniencia de intereses entre el distrito y su diputado hacía que el poder estatal quedase en agua de borrajas. A pesar de que el gobierno utilizase todas sus artimañas y manipulaciones para poner a su candidato seleccionado como diputado, las promesas colectivas e individuales pesaban más en los electores, e impedía el triunfo del candidato determinado desde Madrid. Los distritos que no tenían ese diputado idóneo que luchaba por los intereses de los electores, se denominaban distritos huérfanos.

Con el paso de las elecciones el gobierno fue perdiendo margen de maniobra, en relación con que un mayor número de distritos iba haciéndose con su diputado.

Realizado por Eduardo Acín Garcés (periodista)

Bibliografía

– Carmelo Romero Salvador. (1999) La suplantación campesina de la ortodoxia electoral. La historia local en la España contemporánea. Universidad de Zaragoza: Departamento de Historia moderna y contemporánea.

– Carmelo Romero Salvador. (1997) Estado débil, oligarquías fuertes, o “las palabras para el Gobernador, los votos para el obispo”. En Poder local, élites e cambio social na Galicia non urbana (1874 – 1936). Universidad de Santiago de Compostela: Servicio de publicaciones e intercambio científico.

– José María Incausa Moros & Gregorio Briz Sánchez. (2004)  La gestación del caciquismo en Belchite-Cariñena y La Almunia en el reinado de Isabel II. De cuneros y ermitaños. Zaragoza: Institución Fernando El Católico.

– Benjamin Constant de Rebecque. (1968). Cap. VI. De las condiciones de la propiedad privada. En principios de política (1815). Madrid: Taurus.

Un comentario sobre “La Oligarquía y el caciquismo durante el reinado de Isabel II

Agrega el tuyo

  1. Leído el articulo en una buena parte me ha producido una gran y agradable sorpresa sa por el nivel de descripción política y sociológica y con la utilización de la abstracción con que el Sr. ACIN maneja el lenguaje.
    Desde aquí mi enhorabuena por la extraordinaria contribución a la Historia de España y de Aragon.
    Sin embargo dada mi situación personal lo he percibido como un poquito largo para un articulo leído a través de mi smarphone.
    Ánimo, creo que tiene Ud. vena de buen periodista histórico.

    Me gusta

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Blog de WordPress.com.

Subir ↑

A %d blogueros les gusta esto: